CEAR PV · Área de Incidencia y Participación Social

Radio Klara - Valencia - Más de 60 personas inmigrantes abocadas a vivir en un asentamiento en una fábrica abandonada, se enfrentan al drama de tener que dejar el lugar y vivir a la intemperie, ante el riesgo de un inminente desalojo planeado por el Ayuntamiento de Valencia.

El colectivo de personas que se encuentran asentadas una antigua fábrica del barrio de Marxalenes, las redes de defensa de las personas migrantes de la ciudad de Valencia, y las organizaciones implicadas, queremos manifestar nuestro punto de vista y nuestras reivindicaciones respecto a esta situación

La situación en el asentamiento

La situación actual parte del asentamiento desde hace meses de un pequeño colectivo de personas sin hogar, que crece hasta superar el medio centenar de personas a partir del pasado otoño, a raíz de la mala temporada de la naranja y las escasas posibilidades de empleo que ha proporcionado este año. De este modo, la antigua fábrica de Bombas Gens se convierte en la única alternativa para un numeroso grupo de personas de diversas nacionalidades (fundamentalmente ghaneses, senegaleses y malienses, pero también marroquíes y rumanos) que se han visto arrolladas por la escasez y la destrucción de empleo que la crisis económica ha provocado, y por la consiguiente pérdida de sus viviendas. De este modo, se constituye un colectivo que comparte esta infravivienda pero que ha generado una red de apoyo cohesionada, que se autoprotege, que cuenta con fuertes redes de solidaridad interna y que ha construido un espacio habitable donde no lo había. La fábrica de Marxalenes y el grupo creado es para cada individuo, y a pesar de las difíciles condiciones de vida dentro, su punto de apoyo material y moral para remontar la situación de exclusión y recuperar poco a poco medios de ingresos y una vivienda digna.

La mencionada fábrica lleva abandonada más de 30 años y es un antiguo problema para el barrio de Marxalenes, cuyo vecindario, que ha presenciado ocupaciones anteriores, lleva años reivindicando el uso del solar para fines públicos, ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Valencia y de la empresa propietaria, una inmobiliaria y promotora que además mantiene una denuncia por usurpación de la propiedad a siete de las personas que habitan la fábrica.

El colectivo que habita la fábrica está en definitiva, constituido por personas en situación de extrema vulnerabilidad, con escasas posibilidades de recuperar un empleo a corto plazo y por lo tanto pagar una vivienda (incluyendo a personas que no cuentan con permiso de residencia y trabajo, abocados a la economía sumergida en el mejor de los casos). A finales de 2008, personas a título individual comienzan a intervenir en la fábrica y a establecer un dispositivo de solidaridad y apoyo, al que después se unen diversas organizaciones (CEAR PV, CEDSALA, Médicos del Mundo, REDI Valencia, Psicólogos Sin Fronteras y Valencia Acoge).

La fábrica de Marxalenes es hoy un ejemplo de los muchos que podrán darse de no replantearse las actuales políticas de inmigración y de protección social. Los abusos del mundo rico y el sistema capitalista de libre mercado provocan grandes migraciones forzosas desde los países empobrecidos, seres humanos que al llegar al norte, frecuentemente después de una extenuante travesía, sólo encuentran exclusión e injusticia, precariedad e indefensión. El actual contexto de crisis económica y financiera está provocando una gran destrucción de empleo que afecta a las capas sociales más débiles. En el caso de las personas inmigrantes, el ciclo es perverso: se pierde el empleo y sin tener apoyos naturales, se pierde también las posibilidades de acceso a la vivienda, y en ocasiones incluso la posibilidad de renovar el permiso de trabajo, cuando no se está ya en situación irregular y lo que se pierde es la posibilidad de obtener el permiso por la vía del arraigo social. El colectivo de personas migrantes, lejos de ser causantes de esta crisis es en realidad su principal víctima, aunque no la única.

Las consecuencias de un desalojo

El Ayuntamiento no sólo no ofrece una solución aceptable para este colectivo, sino que está en vías de proceder a un desalojo forzoso que destruiría la red de apoyo que se ha creado dentro, y las mínimas condiciones de habitabilidad conseguidas, que dispersaría a estas personas, privándolas del amparo que mutuamente se brindan estando juntas, y que sostiene su voluntad de seguir adelante. Las organizaciones que han intervenido hasta el momento también se verían bloqueadas para continuar con su labor de apoyo. En definitiva, estas personas se verían ante la obligación de vivir y pernoctar en plena calle, y por supuesto disminuirían sus posibilidades de recuperar o alcanzar su integración social.

Reivindicació n de medidas de integración y garantización de los Derechos Humanos

Consideramos que las personas que habitan la fábrica mantienen reivindicaciones muy legítimas e irrenunciables: quieren construirse unas vidas dignas. Necesitan para ello un trabajo y una vivienda en condiciones, y mientras lo consiguen, un sistema de protección social eficaz. Reclaman también al vecindario y a la sociedad en general paciencia y solidaridad.

Resulta inaceptable que un país que se jacta de ser la octava economía mundial, y una ciudad con una trayectoria de dislates en materia de integración al inmigrante como es Valencia, no se hayan resuelto ya las carencias en materia de acogida temporal de personas en situación vulnerable padecidas durante años. De ningún modo puede repetirse un nuevo invierno y una nueva temporada agrícola sin contar con suficientes centros para temporeros y albergues de acogida que mantengan condiciones de estancia adecuadas y aceptables.

Las organizaciones implicadas, junto al colectivo afectado, exigimos a las administraciones públicas el sentido de la responsabilidad y de la justicia social que garantiza la legislación, el respeto de los derechos fundamentales, y la erradicación del cuarto mundo en el norte y de las causas de las migraciones forzosas en el sur. Exigimos al estado central la abolición de los aspectos legislativos inaceptables en materia de admisión de flujos migratorios mediante una Ley de Extranjería que hace casi imposible para muchos seres humanos la entrada al país en situación regular, que les condena a la exclusión y a la esclavitud durante años hasta que logran regularizarse. Reclamamos también a las administraciones autonómicas y locales la construcción de políticas de protección social y de integración de las personas inmigrantes que garanticen el disfrute de los derechos humanos fundamentales para toda la ciudadanía sin exclusión alguna, incluyendo el derecho al trabajo y a una vivienda digna, y por supuesto el derecho a emigrar y a obtener refugio en un país seguro.