Los centros de inmigrantes

02/02/2012

El Ministerio del Interior se ha comprometido a acabar con el limbo legal en el que se encuentran los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), un reglamento garantizará el respeto de los derechos humanos de los extranjeros internados en espera de expulsión y la policía se limitará a la vigilancia exterior de los CIE. La policía se limitará, en efecto, a la que es su función, la vigilancia exterior, y personal especializado asumirá las tareas asistenciales que ahora desempeñaban también los agentes sin estar preparados para ellas. Pero, más allá de las mejoras concretas, la filosofía expresada por el ministro Fernández Díaz no puede ser más clara. Se resume en la frase de que infringir normas de carácter administrativo (entrar ilegalmente en España) no convierte a estos inmigrantes en "criminales". Esta es precisamente la base de las reivindicaciones de las organizaciones políticas y sociales que hace tiempo que solicitaban la regulación de los CIE. El ministro acertó asimismo al ofrecer a los grupos de la oposición y a las entidades sociales diálogo para llegar a un acuerdo sobre los puntos concretos del nuevo reglamento. Porque hay muchas cosas que asegurar para que los CIE no sean lugares donde se encierra a personas que tienen menos derechos que los reclusos de una prisión y para que se conviertan en lo que deberían ser: centros que alberguen a inmigrantes en espera de su expulsión, donde se permitan las visitas, se respeten los derechos humanos y se garantice la asistencia médica, social y jurídica.